Delito de prevaricación administrativa.
Funcionarios públicos que exhumaron ilegalmente un cadáver para inhumar otro en la misma tumba son condenados por un tribunal español.
El acusado fue quien redactó la providencia a firmar por el concejal, con pleno conocimiento de la irregularidad de la resolución y tanto es así que conocía la inexistencia de procedimiento administrativo alguno es por lo que acudió a otro procedimiento administrativo, éste sí regular y existente en materia de personal, para redactar la resolución que pasó a la firma del concejal.

La Audiencia Provincial de Alicante (España) condenó a dos funcionarios públicos por exhumar ilegalmente una tumba para enterrar en ella a un familiar de uno de ellos, aprovechándose de las facultades otorgadas por sus cargos. Ambos fueron inhabilitados para optar a cargos públicos (por 9 y 2 años, respectivamente) y absueltos de los delitos de falsedad en documento oficial y del delito contra el respeto a los difuntos.
En 2018, la familia del jefe de Recursos Humanos de un ayuntamiento se interesó por un nicho en el cementerio municipal, contiguo al que albergaba los restos de su abuelo, ante el inminente fallecimiento de su abuela que se encontraba enferma. La responsable administrativa del cementerio informó que el nicho no podía ser adjudicado ya que estaba ocupado por otro ciudadano fallecido en 1973 y que sus herederos tenían la concesión a perpetuidad. A pesar de ello, el concejal delegado del cementerio presionó a la administrativa para exhumar los restos del difunto.
Tras el fallecimiento de la abuela, los acusados confeccionaron una resolución con una orden de exhumación. Esta providencia fue enviada a la administrativa, quien la entregó a los sepultureros, que ejecutaron la exhumación sin conocer la ilegalidad del mandato. Así, los restos del fallecido en 1973 fueron trasladados a un nicho común, y en el nicho vaciado se enterró a la abuela del funcionario.
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