Orden ejecutiva que impide a hijos de migrantes irregulares obtener la ciudadanía por derecho de nacimiento, se impugna por organizaciones civiles.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos interpusieron una demanda ante un tribunal de distrito en el Estado de New Hampshire, para impugnar la constitucionalidad de una orden ejecutiva emitida por la administración Trump que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños nacidos en Estados Unidos de padres que ingresaron al país de manera irregular.

La demanda aduce que dicha orden ejecutiva contraviene la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual dispone que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”. Los demandantes sostienen que la interpretación histórica de esta cláusula, consolidada desde la decisión de la Corte Suprema en el caso United States v. Wong Kim Ark (1898), garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en el territorio estadounidense, independientemente de la situación migratoria de sus progenitores.

Sin embargo, la administración Trump ha planteado una interpretación diferente de la 14ª Enmienda, argumentando que las personas nacidas en los Estados Unidos de padres en situación irregular no cumplen con el requisito de estar «sujetas a la jurisdicción» de la nación. En apoyo de su postura, la administración ha señalado que la ciudadanía por derecho de nacimiento no se ha aplicado históricamente a todas las personas nacidas en el país, como en el caso de hijos de diplomáticos extranjeros o personas presentes en el país temporalmente bajo ciertas visas.