«Reafirmación de la doctrina casacional sobre la admisión de la prueba de videovigilancia de los trabajadores», por Francisco Conde Viñuelas y Rubén Doctor Sánchez – Migallón.

En una reciente publicación de estadoderecho.com se da a conocer el artículo «Reafirmación de la doctrina casacional sobre la admisión de la prueba de videovigilancia de los trabajadores», por Francisco Conde Viñuelas y Rubén Doctor Sánchez – Migallón, Socios de Forelab y del Área Laboral de Cuatrecasas.

En la valoración de la licitud de la videovigilancia empresarial de los trabajadores, y la consiguiente validez como prueba en juicio de las grabaciones obtenidas, se presenta un conflicto entre -en lo que aquí nos ocupa- el derecho a la protección de datos personales de los trabajadores (configurado como derecho fundamental por el Tribunal Constitucional a partir del artículo 18.4 de la Constitución) y la facultad empresarial de dirección y control (artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores). La ponderación que de los mismos iban haciendo el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) siguió hace unos años una línea errática con pronunciamientos contradictorios, que además determinaban en cadena a las instancias inferiores. Excede del ámbito de este artículo el hacer siquiera una referencia a todas las sentencias que dichos Tribunales fueron dictando sobre esta cuestión, pero en las que aquí se van a comentar puede encontrarse una relación pormenorizada de las más actuales.

Entre 2016 y 2019 esos tres tribunales fueron consolidando una línea homogénea que se ha reafirmado hasta la fecha con dos nuevas sentencias del Tribunal Supremo en 2022, que casan y anulan sendas resoluciones dictadas en suplicación.