TEDH condenó a Rusia por juicio arbitrario contra opositores al gobierno de Vladimir Putin.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acogió el requerimiento presentado por Alexéi Nalvani y su hermano Oleg en contra de Rusia, quienes fueron condenados por fraude comercial y blanqueo de capitales.

Cabe recordar que Alexéi y Oleg, que cumple condena en una colonia penitenciaria, compraron en 2007 una empresa de mensajería y servicios logísticos, y un año después llegaron a acuerdos de prestación de servicios con la filial rusa de Yves Rocher y la sociedad MPK hasta 2013. Durante ese período, Alexéi Nalvani, opositor al presidente Vladimir Putin, dirigió una campaña anticorrupción, consistente en manifestaciones políticas para protestar contra irregularidades y fraudes en las elecciones presidenciales de 2012. Sus quejas se dirigían también a las actividades paralelas del jefe de la Comisión de Investigación de la Federación rusa. En diciembre de 2012, esa comisión abrió un proceso penal contra los hermanos Navalni por organizar un fraude en detrimento de Yves Rocher Vostok y por haber blanqueado el beneficio de las transacciones ilícitas. En diciembre de 2014, los hermanos Navalni fueron condenados a tres años y medio de prisión. Sólo Aléxei pudo beneficiarse de la suspensión de la pena. Sin embargo, debido a esta sentencia está impedido de presentar su candidatura para las elecciones presidenciales de 2018. Cabe mencionar que Rusia ya fue condenada el pasado febrero por someter al opositor a procesos judiciales injustos y a privaciones arbitrarias de su libertad las siete veces que fue detenido en 2012 y 2014 durante manifestaciones pacíficas.

En su sentencia, el Tribunal europeo expuso que la condena estuvo basada en una aplicación imprevisible del Derecho penal y los procedimientos fueron arbitrarios e injustos. Los jueces estimaron que las jurisdicciones rusas dieron una interpretación amplia y no previsible al delito de fraude comercial previsto en el código penal ruso, lo que hacía imposible prever las prácticas comerciales de los demandantes serían constitutivas de delito y que el beneficio de esas actividades fuera considerado como ganancias de origen delictivo, asimilables al blanqueo. Así, las decisiones de las cortes nacionales han sido arbitrarias y manifiestamente inadmisibles.