Diario Constitucional

Sostenibilidad ambiental.

Unión Europea alcanza acuerdo provisional para legislar normativa sobre monitoreo de suelos con fines ambientales.

Cada Estado miembro deberá definir objetivos no vinculantes aplicables a los indicadores de salud del suelo, en función del nivel de degradación y las características del territorio. Estos objetivos estarán alineados con las directrices generales de la propuesta normativa, aunque no generarán efectos jurídicos directos sobre los operadores agrícolas o forestales.

Por Redacción·19 de abril de 2025·2 min de lectura
imagen: meteored.com
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Representantes del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo político provisional respecto a la propuesta presentada por la Comisión Europea para establecer una Directiva relativa a la vigilancia del suelo. Esta iniciativa se enmarca dentro de los objetivos establecidos por la Unión en materia de sostenibilidad medioambiental y busca crear un marco normativo común a nivel europeo en relación con la observación y evaluación del estado de los suelos.

La propuesta establece que los Estados miembros deberán implementar mecanismos para la monitorización y análisis del estado del suelo en sus respectivos territorios. Esta labor deberá realizarse mediante el uso de descriptores armonizados a nivel de la Unión, que incluyan parámetros físicos, químicos y biológicos del suelo. Asimismo, se adoptará una metodología unificada para la toma de muestras, sin perjuicio de que los Estados puedan apoyarse en sistemas nacionales preexistentes o metodologías técnicas equivalentes. La Comisión proporcionará asistencia técnica y financiera a los Estados miembros mediante el refuerzo del programa europeo LUCAS Soils.

Cada Estado miembro deberá definir objetivos no vinculantes aplicables a los indicadores de salud del suelo, en función del nivel de degradación y las características del territorio. Estos objetivos estarán alineados con las directrices generales de la propuesta normativa, aunque no generarán efectos jurídicos directos sobre los operadores agrícolas o forestales.

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