Venezuela anuncia que no participará ante Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El pasado 18 de junio, Venezuela anunció formalmente que no participará en el procedimiento contencioso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) activado en el mes de marzo del 2018 por parte de Guyana (véase texto completo de la demanda presentada por Guyana). Se trata de una de las controversias territoriales irresueltas más antigua en el hemisferio americano, que en los últimos meses ha experimentado un inédito rumbo, y que tuvimos la oportunidad de reseñar en una nota anterior: véasenotapublicada en DIPúblico titulada "Guyana presenta demanda contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)", en la que nos permitimos indicar que "Dicha presión proviene en gran parte de Estados Unidos: como es sabido, el que fuera el jefe de la diplomacia norteamericana designado por el Presidente Donald Trump (Rex Tillerson) fue Director Ejecutivo de Exxon Mobile del 2006 al 2016. En junio del 2016, Guyana suscribió un importante contrato con la filial de Exxon Mobile, Esso (véase texto completo del contrato)".

Esta decisión de no participar probablemente se haya tomado después de haber ponderado Venezuela cada una de las diversas opciones posibles (y el riesgo que conlleva cada una de ellas). Desde el punto de vista estríctamente jurídico, al no haber reconocido nunca la jurisdicción obligatoria de la CIJ, ni haber suscrito el Pacto de Bogotá (que abre la posibilidad para un Estado del hemisferio de demandar a otro ante la CIJ), Venezuela ha optado por defender un principio angular en derecho internacional como lo es el consentimiento previo del Estado a someterse a la justicia internacional.

En su comunicado oficial (véase texto completo al final de esta nota), se lee que Venezuela "ha comunicado al Presidente de la Corte, mediante misiva suscrita por el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, su decisión soberana de no participar en el procedimiento que pretende incoar Guyana, por carecer la Corte manifiestamente de jurisdicción sobre una acción planteada unilateralmente por el país vecino, que no cuenta con el consentimiento de Venezuela. Esta decisión, informada debidamente a la Corte Internacional de Justicia, es cónsona con la posición histórica de Venezuela de no reconocer jurisdicción a dicha instancia judicial internacional -en ningún caso- y menos para la resolución de esta controversia, en la que Venezuela no escatimará esfuerzos en la defensa de sus legítimos derechos sobre la Guayana Esequiba".