Corte Suprema confirma multa de UF 15.000 aplicada por la CMF a ejecutivo de Cencosud por uso de información privilegiada

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por un exgerente general de Cencosud en contra del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por la dictación de resoluciones que le aplicaron una multa de UF 15.000 por infracción al artículo 165 inciso primero de la Ley N° 18.045, al haber adquirido acciones de la compañía encontrándose en posesión de información privilegiada.

El conflicto se originó luego que el Consejo de la CMF sancionara al ejecutivo por haber adquirido, el 13 de mayo de 2022, 613.026 acciones de Cencosud, mientras se encontraba vigente un período de reserva asociado a negociaciones para la eventual adquisición de la cadena supermercadista brasileña Torre y Cía., información que había sido comunicada al regulador como hecho reservado.

En su reclamo, el recurrente alegó que las resoluciones impugnadas adolecían de falta de motivación y vulneraban el debido proceso, sosteniendo que la CMF habría aplicado una sanción por una hipótesis infraccional diversa a la formulada en los cargos, confundiendo —a su juicio— la prohibición de uso de información privilegiada con el deber de abstención previsto en el artículo 165 de la Ley N° 18.045. Argumentó que la autoridad no acreditó que su decisión de adquirir acciones hubiese estado causalmente motivada por la información reservada relativa a las negociaciones en Brasil, afirmando que la operación respondió a consideraciones económicas distintas, vinculadas al cierre de otros negocios relevantes y a la valoración de mercado de la compañía. Asimismo, cuestionó la calificación de la información como verdaderamente privilegiada y capaz de influir en la cotización bursátil, y reprochó la falta de fundamentación y proporcionalidad en la determinación del quantum de la multa, por estimarlo excesivo y apartado de precedentes comparables.

Al evacuar el informe, el Consejo de Defensa del Estado solicitó el rechazo íntegro del reclamo, sosteniendo que la actuación del Consejo de la CMF se ajustó plenamente a derecho y que el recurrente no impugnó oportunamente la validez de la resolución sancionatoria en sede administrativa. Señaló que era un hecho acreditado que el ejecutivo se encontraba en posesión de información privilegiada respecto de la eventual adquisición de la cadena brasileña y que, pese a ello, adquirió un volumen significativo de acciones durante el período de reserva, conducta que encuadra en la prohibición del artículo 165 de la Ley N° 18.045. Añadió que existían antecedentes graves, precisos y concordantes que permitían presumir el uso de dicha información en beneficio propio, que la resolución sancionatoria se encontraba debidamente motivada conforme a la Ley N° 19.880 y al Decreto Ley N° 3.538, y que la multa impuesta se determinó dentro de los márgenes legales, atendiendo a la gravedad de la infracción, por lo que no resultaba desproporcionada.

La Corte de Santiago, tras revisar los antecedentes, precisó que el reclamo de ilegalidad contemplado en el artículo 71 del Decreto Ley N° 3.538 constituye una acción de control de juridicidad de carácter restringido, que no habilita a los tribunales para revisar el mérito, conveniencia u oportunidad técnica de las decisiones adoptadas por la Comisión para el Mercado Financiero, sino únicamente para verificar su conformidad con el ordenamiento jurídico. En tal sentido, enfatizó que no corresponde a la judicatura sustituir el criterio del órgano especializado, sino examinar si éste actuó dentro de la esfera de sus atribuciones y con apego a la ley.