A exceso de velocidad y sin respetar el semáforo en rojo que enfrentaba.
Juzgado Civil de Santiago condena al Fisco a pagar indemnización de $59.400.000 por concepto de daño moral a motociclista chocado por carro policial.
La magistrada estableció que en la especie existen antecedentes suficientes para condenar al Estado por su responsabilidad en el accidente provocado por el actuar imprudente del carabinero que conducía la patrulla.

El Vigesimoctavo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización de $59.400.000 por concepto de daño moral, a motociclista que fue impactado por una patrulla de Carabineros. Accidente de tránsito registrado en la comuna de Ñuñoa, en diciembre de 2017.
El fallo señala que a fin de determinar la existencia de dicho accidente, cabe consignar que si bien es cierto en autos no existe una condena dictada en contra del chofer del vehículo, ello no es óbice para dar por acreditado el hecho doloso en sede civil, pues ambos procesos tienen distinta naturaleza y fines. Así, en un procedimiento penal se persigue la aplicación de determinadas sanciones establecidas por la ley –una pena o multa– con ocasión de la infracción de aquellas reglas de conducta establecidas por el legislador, manifestación del ius puniendi del Estado, y por su parte, la acción indemnizatoria tiene por objeto la obtención de una compensación en dinero por el daño causado.
La resolución agrega que, debe tenerse en consideración que en estos autos ha habido una formalización de la investigación, la cual procede cuando el ente persecutor tiene sospechas fundadas de la comisión del delito y la participación del imputado en los mismos. Además se ha llegado a un acuerdo reparatorio, el cual si bien constituye una salida alternativa en sede penal, que no supone a priori reconocer responsabilidad delictual, exige que el imputado cumpla una serie de exigencias, pudiendo entonces presumirse legítimamente que asumió su responsabilidad en los hechos, sometiéndose a la actual política del Estado para la solución de conflictos en la materia, como una manera de descongestionar el sistema y acelerar la resolución de procesos que sólo afecten derechos particulares, el cual manifiesta, en alguna medida, la intención de reparar a la víctima.
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