Dando cumplimiento al mandato constitucional.
Ejecutivo propone fortalecer la regionalización del país.
El proyecto de ley, iniciado por mensaje, expone que conforme a lo que dispone el artículo 3° de la Constitución Política, el Gobierno ha implementado diversas acciones para poner fin a lo que se considera un "centralismo asfixiante", logrado importantes avances en materia de distribución equitativa del poder, recursos y atribuciones de los órganos regionales.…

El proyecto de ley, iniciado por mensaje, expone que conforme a lo que dispone el artículo 3° de la Constitución Política, el Gobierno ha implementado diversas acciones para poner fin a lo que se considera un “centralismo asfixiante”, logrado importantes avances en materia de distribución equitativa del poder, recursos y atribuciones de los órganos regionales. Así, cada región cuenta actualmente con un Plan Integral de Desarrollo Regional, el cual contiene metas y plazos concretos en todas las materias importantes para la vida de las regiones, tales como empleo, seguridad ciudadana, educación, salud, infraestructura y calidad de vida. Destacando que dichos planes fueron elaborados por las propias regiones, en coordinación y colaboración con el Gobierno central.
Observa luego que el proyecto de ley busca alcanzar el anhelo de una efectiva y real descentralización, dotando a las regiones de órganos representativos y con suficientes atribuciones para ser factores principales en el desarrollo y planificación de sus territorios, respondiendo a las realidades y aspiraciones de los habitantes de las distintas regiones del país, cumpliendo con los objetivos de la reforma constitucional del año 2009, en materia de gobierno y administración regional, que aprobó la Ley N° 20.390.
A los fines expuestos, la iniciativa propone introducir en la Ley Nº 19.175, sobre gobierno regional, un reconocimiento expreso a la facultad de los gobiernos regionales para desarrollar sus competencias, funciones y atribuciones, tanto de forma directa como con otros órganos de la administración del Estado, materializando así el mandato legal de asegurar la debida coordinación entre los órganos de la administración del Estado, facilitando el ejercicio de las facultades de las autoridades regionales.
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