Agua y minería en la propuesta constitucional: preocupante retroceso que compromete el progreso, es el título de una publicación del Instituto Libertad y Desarrollo.

La propuesta de nueva Constitución introduce cambios sustanciales a la calificación, administración y gestión del agua, modificaciones que incluso desconocen el amplio acuerdo logrado a comienzos de año, y tras cerca de 10 años de discusión en el Congreso Nacional, con la aprobación de las sustantivas modificaciones al Código de Agua (Ley N°21.435 de abril de 2022) que, en los hechos, la propuesta constitucional deroga. El énfasis ecocentrista radical de la propuesta, se afirma en la publicación, que atraviesa toda la regulación de aguas, con escasas o nulas menciones a los usos productivos en beneficio de la población, solo genera indefiniciones que afectarán de manera significativa la sostenibilidad de múltiples sectores productivos, y, en consecuencia, el desarrollo económico y humano.

El estudio destaca cuatro aspectos que se consideran relevantes fuentes de incertidumbre respecto de un recurso esencial para la población y que es la base de múltiples actividades productivas, fundamentales para el desarrollo del país.

La propuesta constitucional califica el agua como un bien natural común inapropiable, añadiendo que las autorizaciones de uso de agua que otorgue la futura Agencia Nacional de Aguas no tendrán la protección del derecho de propiedad y tendrán el carácter de permisos, revocables, precarizándose el título de uso. A su vez, se dispone que estos serán incomerciables y obligarán al titular solo al uso que justifica su otorgamiento. Esta limitación implica que los permisos no pueden ser objeto de acto de derecho privado alguno, de manera que no podrán ser transferibles, ni darse en garantía, entre otros. En consecuencia, actividades productivas esenciales para el progreso y la seguridad alimentaria de nuestro país, como la agricultura, la minería y el sector sanitario, entre otras, se enfrentarán a una serie de dificultades; mayor complejidad y encarecimiento para acceder a créditos o capital para financiar obras de inversión y desarrollo necesarias para asegurar el continuo abastecimiento a la población, lo que puede terminar generando presiones para aumentar los recursos fiscales destinados a apoyar o dar garantías financieras, entorpeciendo el desarrollo de obras hidráulicas tan necesarias en el país. También impediría que las sanitarias puedan salir a gestionar derechos de aprovechamiento de aguas, ante escenarios de riesgo de desabastecimiento, por lo que se reducen las herramientas que disponen las empresas sanitarias para asegurar la provisión de agua potable.