Diputados proponen impedir que el rendimiento académico o la situación socio económica sean considerados en los procesos de admisión de los establecimientos subvencionados o que reciban aportes regulares del Estado.

La Constitución asegura el derecho a la educación que “tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida”. A su turno, la Ley N° 20.370, General de Educación, dispone que el sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del derecho a la educación.

De lo anterior se desprende que la educación es un derecho de todas las personas y que los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente, entre otras garantías.

La moción de los diputados Alinco, De Urresti, Gutiérrez, Montes y Pascal, expone que la LGE “tuvo como fuente el clamor social” originado por el movimiento estudiantil que “reclamó justamente por la segregación social” que afectaba el sistema educativo y “la mala calidad” de la experiencia educativa.