En la Cámara de Diputados.
Inició tramitación reforma constitucional que extiende inhabilidad para ser candidato a parlamentario a condenados por delito contemplado en Ley de Violencia Intrafamiliar.
En una democracia sus autoridades y quienes postulan a ocupar cargos públicos en los distintos poderes del Estado deben ser personas probas, transparentes y correctas, en especial en temas tan sensibles como el vinculado a la violencia intrafamiliar.

Con el fin de establecer una nueva causal de inhabilidad para ser candidato a Diputado o Senador, por haber sido condenado por delito contemplado en la Ley Nº 20.066, de Violencia Intrafamiliar, los Diputados Chahuán, De Urresti, Díaz, Enríquez-Ominami, Escobar, Jiménez, Pacheco y Saa, patrocinaron un proyecto de reforma constitucional mediante el cual proponen agregar al artículo 57 de la Carta Fundamental, que establece que no pueden ser candidatos a Diputados ni a Senadores quienes detenten o hubieren servido los cargos que allí se indican, un inciso tercero nuevo para agregar a las inhabilidades que esa norma consulta a “quienes hubieren sido condenados por sentencia ejecutoriada, por delito contemplado en la Ley Nº 20.066 de Violencia Intrafamiliar”. Junto a la enmienda constitucional referida, los mismos parlamentarios ingresaron a trámite en la Cámara de Diputados una moción tendiente a modificar las leyes orgánicas constitucionales de Bases Generales de la Administración del Estado, de Gobierno y Administración Regional, de Municipalidades, del Ministerio Público, del Banco Central y el Código Orgánico de Tribunales, a fin de hacer aplicable la misma prohibición a quienes quieran servir los cargos de ministros de Estado, subsecretario, intendente, gobernador, consejero regional, alcalde, concejal, jefe superior de servicio o directivo superior de un órgano u organismo de la Administración del Estado, fiscal del Ministerio Público, consejero del Banco Central y juez, exigiéndoseles, a todos ellos, que para asumir en esas funciones deban indicar en una declaración jurada que no se encuentran afectos a esta causal de inhabilidad. Ambas iniciativas se fundamentan, según los parlamentarios que las patrocinan, que en “una democracia sus autoridades y quienes postulan a ocupar cargos públicos en los distintos poderes del Estado deben ser personas probas, transparentes y correctas, en especial en temas tan sensibles como el vinculado a la violencia intrafamiliar”.
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