Parlamentarios ingresan a trámite legislativo proyecto de ley que establece el derecho a optar voluntariamente a recibir asistencia médica para acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable.

La moción de los diputados Adriana Muñoz y Gaspar Rivas, expresa que “resulta indiscutible que nuestra Carta Fundamental protege la vida humana en su calidad de valor básico para nuestra sociedad”, pero no obstante ello, el texto político consagra “la protección al derecho a la vida”, de lo que se infiere “que la vida es un derecho y no un deber”, por cual éste puede ser renunciado.

Observa luego que la “tendencia mundial de la medicina es respetar la autonomía del paciente en la toma de decisiones relativas a su salud”, siendo necesario legislar para el caso que “una persona que sufra de alguna enfermedad o lesión incurable que le produzca un insoportable padecimiento físico o sicológico” pueda decidir “poner fin a su vida”.

La iniciativa hace propio lo resuelto en el año 1997 por la Corte Constitucional de Colombia, que estableció “la exención de responsabilidad penal al médico que ayude a morir a un enfermo terminal con intenso sufrimiento, cuando éste último lo solicite y la medicina no pueda ofrecer cura a su padecimiento”.