Precedentes en materia de desafuero parlamentario. A propósito de la solicitud de desafuero del Diputado Alinco.

El TC en varias oportunidades ha conocido acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que impugnan el artículo 416 del Código Procesal Penal, específicamente de su inciso tercero, que al regular el procedimiento de desafuero dispone: “Si se tratare de un delito de acción privada, el querellante deberá ocurrir ante la Corte de Apelaciones solicitando igual declaración, antes de que se admitiere a tramitación su querella por el juez de garantía”.

Se ha estimado que el citado precepto legal -al autorizar a la Corte de Apelaciones respectiva para declarar que ha lugar a la formación de causa antes de que se admita a trámite la querella- vulneraría diversas garantías constitucionales, pues con el sólo mérito de la querella el Tribunal de Alzada tendría que pronunciarse sobre la petición desafuero sin que exista para el sujeto aforado la oportunidad de presentar las pruebas y de contradecir las imputaciones contenidas en la querella.

De ese modo quienes gozan del fuero no tendrían la posibilidad de que se investigue –previamente- el hecho que sirve de fundamento a la acción penal y la Corte de Apelaciones conocería de tal petición en forma precaria e incompleta, con menoscabo del privilegio que otorga el fuero. Con ello se desconocería que el procedimiento de desafuero es una especie de antejuicio que busca proteger al parlamentario de una acción temeraria que le impida ejercer sus funciones.