Presentan proyecto de ley que busca establecer régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales por el impacto del Covid-19.

El Mensaje Nº 015-368 presentado por el Presidente de la República a la Cámara de Diputados busca establecer un régimen jurídico de excepción, para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de acciones que indica, por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile, a regir desde su entrada en vigencia y hasta el cese del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en el territorio de Chile, declarado por decreto supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, si hubiere la necesidad.

La iniciativa se enfoca en las afectaciones que está produciendo la pandemia en lo judicial, tal como la imposibilidad de los ciudadanos de realizar muchas actuaciones que les permitan ejercer sus derechos ante la autoridad judicial y, por otra, la severa disminución de las posibilidades de atender los requerimientos de las personas, por parte de los funcionarios de los Tribunales de Justicia. Ante ello, el sistema de justicia tiene el desafío de adaptarse a estas necesidades, que implican una importante reducción de la actividad judicial, sin que ello genere indefensión en las partes e intervinientes de los procesos judiciales, al no extinguirse sus posibilidades de realizar las actuaciones que les permitan ejercer sus derechos y, al mismo tiempo, dar continuidad al servicio judicial, para la recepción de todos los requerimientos urgentes, y adopción de todas las medidas que requieran intervención prioritaria de los tribunales, para efectos de la debida administración de justicia.

Con el fin de avanzar en la materia, se busca dar continuidad al servicio de justicia, sobretodo en materias prioritarias tales como dictación de medidas cautelares en causas de violencia intrafamiliar, o que involucran vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, la adopción y revisión de medidas cautelares en los procesos penales, entre otras que requieran intervención urgente de los tribunales, respecto de las cuales, por consiguiente, se deben tomar todas las medidas para asegurar su ejercicio oportuno.