Pretenden tipificar como delito funcionario la solicitud de favores sexuales.

La moción de los diputados Alessandri, Coloma, Fuenzalida, Gahona, Hoffmann, Noman, Norambuena, Trisotti, Urrutia y Van Rysselberghe expone primeramente que la corrupción puede adoptar diversas formas.

Continúa señalando que ellas serían: (i)Extorsión: un servidor público, aprovechándose de su cargo y bajo la amenaza, sutil o directa, obliga al usuario de un servicio público a entregarle también, directa o indirectamente, una recompensa; (ii) Soborno: un ciudadano o una organización, entrega directa o indirectamente a un servidor público, determinada cantidad de dinero, con el propósito de que obtenga una respuesta favorable a un trámite o solicitud, independientemente si cumplió o no con los requisitos legales establecidos; (iii) Peculado: es la apropiación ilegal de los bienes por parte del servidor público que los administra; (iv) Colusiones: Es la asociación delictiva que realizan servidores públicos con contratistas, proveedores y arrendadores, con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos, a través de concursos amañados o, sin realizar estas (adjudicaciones directas), a pesar de que así lo indique la ley o normatividad correspondiente; (v) Fraude: caso en que servidores públicos venden o hacen uso ilegal de bienes del gobierno que les han confiado para su administración; (vi) Tráfico de influencias: un servidor público utiliza su cargo actual o sus nexos con funcionarios o integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, para obtener un beneficio personal o familiar, o para favorecer determinada causa u organización; (vii) Falta de ética: Es un tipo especial de corrupción, no tiene que ver directamente con la apropiación ilegal de recursos del gobierno y de ciudadanos usuarios. Supone que algunos servidores públicos tienen una conducta negativa, que va en contra de los propósitos y metas de las instituciones públicas.

Agrega la moción que la extorsión sexual en los servicios públicos merece especial sanción. En efecto, el ofrecimiento de beneficios laborales a cambio de sexo, afecta doblemente a las víctimas puesto que supone un atentado contra su libertad y su esfera de indemnidad sexual.