Proponen modificar ley que establece responsabilidad penal de las personas jurídicas extendiendo su aplicación al ámbito del transporte privado remunerado de pasajeros.

La moción de los diputados Alinco, Álvarez, García, Garín, González, Hernandez, Ilabaca, Leiva y Luck, busca ampliar el catálogo de delitos previstos en la ley Nº20.393, específicamente, en aquellos que existe una vinculación con delitos que estructuralmente lesionan la fe pública, conllevan una serie de consecuencias, en la seguridad del tránsito por las empresas que desarrollan el transporte público, al simular mediante documentos falsos, condiciones técnicas idóneas.

En ese sentido, el proyecto expresa que en la actualidad existe una tendencia mundial de los Estados a transferir a las personas jurídicas de derecho privado (empresas, asociaciones, fundaciones, corporaciones, etc.) un rol en la prevención de delitos (autoregulación), como una manera de abandonar los sistemas de heteresponsabilidad, es decir, los delitos cometidos por determinados miembros de una persona jurídica eran imputadas a éstas sin mayores disquisiciones, incluso en casos que la propia entidad cumplía con el derecho.

Enseguida, la moción explica que conocidos los graves hechos, en los cuales se han visto involucrados buses interurbanos, con trágicas consecuencias, han sido reveladores de diversas situaciones en las cuales se han descubierto una serie de hechos consistentes en falsificaciones de permisos de circulación y licencias, que pese a las tareas desarrolladas por el programa nacional de fiscalización no resultan suficientes, en el contexto de la seguridad del tránsito, especialmente en lo relativo a la fe pública, asociada en los documentos que demuestran la idoneidad técnica de las personas, así como los vehículos motorizados involucrados.