Proyecto busca facultar a municipios para retirar “rucos” que obstaculicen espacios públicos y contempla multas de hasta 3 UTM

Un proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados, en primer trámite constitucional, y fue derivado a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, con el objeto de resguardar el uso común de los bienes nacionales de uso público frente a su ocupación mediante estructuras precarias, aplicando criterios de proporcionalidad y no discriminación. La moción propone facultar expresamente a las municipalidades para retirar este tipo de instalaciones y entregar a los Juzgados de Policía Local la competencia para sancionar determinadas conductas relacionadas con ellas.

La iniciativa parte señalando que los bienes nacionales de uso público, entre ellos calles, plazas, veredas y demás espacios cuyo dominio pertenece a la nación y cuyo uso corresponde a todos sus habitantes, están jurídicamente destinados al uso común y son administrados por las municipalidades. Según sus autores, la ocupación permanente de estos lugares mediante estructuras precarias, conocidas como “rucos”, tensiona esa finalidad y compromete la libre circulación, la seguridad y la salubridad que los espacios públicos deben garantizar a toda la comunidad.

En sus fundamentos, el proyecto sostiene que el fenómeno no es marginal. Cita información del Ministerio de Desarrollo Social y Familia según la cual durante 2024 se registraron 21.272 personas en situación de calle en Chile, cifra que más que duplica la correspondiente a 2017. Añade que los propios antecedentes oficiales reconocen que dicho registro, construido a partir de autorreportes voluntarios, subestima la magnitud real del problema, cuya expresión más visible sería la instalación de “rucos” en bandejones, parques y aceras, como los observados durante años en el eje Alameda-Providencia.

Los antecedentes citados por la moción indican que en 2017 existían 10.509 personas registradas en situación de calle y que, en 2024, la Región Metropolitana concentraba 8.780 personas, seguida por Valparaíso, con 2.485, y Biobío, con 1.774. También se consigna que en 2026 el Ministerio de Desarrollo Social y Familia comenzó un nuevo Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle, mientras el registro anterior bordeaba las 20.000 personas y los dispositivos de atención superaban los 50.000 usuarios.

La propuesta agrega que el problema presenta una marcada concentración territorial y una dimensión migratoria que, afirma, “no puede ignorarse”. Señala que la Región Metropolitana reúne la mayor cantidad de personas en situación de calle y que en comunas del centro de Santiago, como Santiago Centro, Estación Central, Recoleta, Independencia, Quinta Normal y Providencia, diferentes catastros de terreno han constatado que más de la mitad de las personas encuestadas que pernoctan en espacios públicos y levantan estas estructuras son extranjeras, principalmente venezolanas.

En particular, el proyecto cita un catastro realizado en 2022 por la Fundación Gente de la Calle, con foco en población migrante venezolana de la Región Metropolitana, según el cual, de 348 personas estudiadas, el 53,2% eran extranjeras y, de ellas, el 78,4% tenían nacionalidad venezolana. La mayor concentración habría sido observada en Santiago Centro, Barrio Universitario y Quinta Normal, extendiéndose el estudio también a Recoleta, Independencia, Ñuñoa, Providencia y Estación Central. La moción contrasta estas cifras con el Informe Estadístico Nacional del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de marzo de 2024, que consignó solo 313 migrantes y 1.676 personas pertenecientes a pueblos originarios, lo que, según los autores, evidenciaría un subregistro de la población migrante.

No obstante, los parlamentarios enfatizan que la situación de calle constituye un fenómeno social y no representa, por sí sola, una conducta ilícita. Advierten que cualquier intervención normativa debe evitar confundir pobreza con delito, fenómeno al que aluden utilizando el concepto de “aporofobia” o rechazo al pobre. En consecuencia, sostienen que un eventual reproche jurídico no debe recaer sobre la condición socioeconómica ni sobre el origen de una persona, sino únicamente sobre conductas objetivas que lesionen el uso común del espacio o afecten bienes jurídicos de terceros.

La moción recurre también a experiencias comparadas. Respecto de Estados Unidos, menciona la sentencia de la Corte Suprema en City of Grants Pass v. Johnson, de 2024, que validó la potestad de los gobiernos locales para regular la ocupación del espacio público y revirtió una jurisprudencia anterior más restrictiva. De esta experiencia, los autores extraen una “lección de proporcionalidad”, señalando que las restricciones superan de mejor manera el escrutinio cuando son razonables en cuanto a tiempo y lugar y evitan imponer sanciones pecuniarias que resulten imposibles de cumplir.

En sentido contrario, la iniciativa menciona el caso de Hungría, donde la prohibición de residir habitualmente en espacios públicos fue elevada a rango constitucional en 2018. Según el texto, esa política ha sido ampliamente cuestionada por organismos de derechos humanos por afectar la dignidad de las personas sin resolver el problema de fondo.

Como una experiencia distinta, se destaca el modelo denominado “vivienda primero” o Housing First, desarrollado en Finlandia desde 2008, que prioriza el acceso a una solución habitacional estable. El proyecto sostiene que esa política ha mostrado reducciones sostenidas del sinhogarismo y ahorros fiscales documentados, aunque reconoce que se trata de un enfoque que requiere inversión pública sostenida. Los antecedentes citados señalan una reducción cercana al 35% del sinhogarismo de larga duración durante sus primeros siete años y de aproximadamente un 68% entre 2008 y 2022, junto con ahorros estimados entre 9.600 y 21.000 euros por persona al año.