Desarrollo sostenible.
Proyecto de ley impone a empresas distribuidoras de agua potable y energía eléctrica la obligación de señalar, en las cuentas físicas y digitales, niveles de consumo más eficientes y recomendaciones para optimizar el uso de estos recursos en el sector residencial.
Para promover una cultura de cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente y contribuir al presupuesto de las familias, especialmente de aquellas que pertenecen a los sectores más vulnerables de la población.

La moción, patrocinada por los Diputados Jorge Alessandri, Sergio Bobadilla, Álvaro Carter, Juan Antonio Coloma, Felipe Donoso, Cristian Labbé, Marco Antonio Sulantay, Gastón Von Mühlenbrock y las Diputadas Natalia Romero y Flor Weisse, impone a empresas distribuidoras de energía eléctrica y agua potable la obligación de señalar, en las cuentas físicas y digitales, niveles de consumo más eficientes y recomendaciones para optimizar el uso de estos recursos en el sector residencial.
Los autores del proyecto señalan que el cuidado, preservación y protección del medio ambiente es una preocupación transversal a todos los gobiernos del mundo. En efecto, señalan que la comunidad internacional participa activamente en diferentes instancias de coordinación multilateral y bilateral destinadas a impulsar de manera conjunta instrumentos de cooperación que permitan resguardar diferentes ecosistemas, especialmente en el actual contexto donde los efectos del cambio climático y el calentamiento global se erigen como uno de los principales desafíos de las autoridades que tienen a su cargo las decisiones más importantes al interior de cada Estado.
Explican que, con el paso de los años, el desarrollo demográfico y el crecimiento de las ciudades han tenido un impacto directo en la disponibilidad de recursos que son esenciales para satisfacer las necesidades básicas de la población, por lo que la gestión y administración de bienes estratégicos, como la energía eléctrica y el agua, ha sido un tema recurrente en el ámbito de las políticas públicas. El uso racional de los recursos naturales, en este sentido, representa un desafío para todas las autoridades con competencia en la materia, sobre todo, ante las proyecciones de escasez hídrica y del agotamiento de la naturaleza por las intervenciones del ser humano.
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