Proyecto de ley modifica el Código Penal para hacer aplicable la pena accesoria de inhabilitación absoluta a personas que, ejerciendo cargos públicos o de representación popular, sean condenadas por delitos de corrupción o de carácter sexual.

La iniciativa, patrocinada por los diputados Juan Carlos Beltrán, José Miguel Castro, Andrés Celis, Eduardo Durán y las diputadas Sofía Cid, María Luisa Cordero, Karen Medina, Carla Morales, Marlene Pérez y Marcia Raphael, plantea modificar el Código Penal para hacer aplicable la pena accesoria de inhabilitación absoluta para ejercer en cargos u oficios al interior de los órganos o empresas del Estado a las personas que, ejerciendo cargos públicos o de representación popular, sean condenadas por delitos de corrupción o de carácter sexual.

Los autores del proyecto de ley señalan que el país atraviesa por un periodo de crisis política–institucional similar a aquellos casos acontecidos durante la década de los dos mil, en donde los recursos públicos de todos los chilenos se vieron afectados por casos de corrupción como MOP–Gate y los sobresueldos, el caso coimas, Inverlink, Chile Deportes, Publicam y EFE, entre otros.

Si bien destacan que han pasado varios años respecto a esos hechos y que durante ese tiempo se han aprobado una serie de modificaciones legales, el proyecto que presentan tiene el propósito que se resguarde de la mejor manera los recursos de todos los chilenos, ya que en los últimos meses la opinión pública ha sido testigo de hechos contrarios a la probidad, la ética funcionaria e incluso en alguno de ellos actos directamente de corrupción.