Proyecto de ley modifica el Código Procesal Penal para establecer la presunción de que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad cuando se imputen delitos contra la probidad administrativa.

La iniciativa, patrocinada por los diputados Boris Barrera, Matías Ramírez, Héctor Barría, Luis Cuello y Tomás Hirsch, junto a las diputadas Claudia Mix, Alejandra Placencia, Carmen Hertz, Daniela Serrano y Carolina Tello, incorpora un nuevo criterio al artículo 140 del Código Procesal Penal para considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad cuando se imputen delitos contra la probidad administrativa.

Los autores de la moción refieren que, la prisión preventiva es la más grave dentro del listado de medidas cautelares personales que contempla el Código Procesal Penal, en consideración a que compromete gravemente la libertad de la persona y, por lo mismo, se exigen especiales resguardos en su regulación legal, conforme al Derecho Internacional.

Al respecto, señalan que la letra c) del artículo 140 del Código Procesal Penal establece como hipótesis para la aplicación de esta medida que la libertad del imputado sea peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido, indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas de la investigación, o que exista peligro de que el imputado se dé a la fuga, conforme a las directrices que ese cuerpo legal indica.