Proyecto de ley reconoce autonomía legal a la Defensoría Penal Pública y fortalece su institucionalidad.

El proyecto de ley, ingresado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputadas y Diputados, busca consagrar la autonomía legal de la Defensoría Penal Pública y fortalecer su independencia institucional.

A modo de contexto, el mensaje señala que la Carta Fundamental, a través del artículo 19 N°3 asegura a todas las personas el derecho a defensa jurídica, la cual no puede ser impedida, restringida o perturbada por ninguna autoridad o individuo. Lo anterior, se refuerza en el caso de personas a quienes se les imputa un delito, las que cuentan con el derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor, proporcionado por el Estado.

Refiere que, para hacer efectiva la garantía, los Estados deben disponer de servicios de defensa pública que aseguren su eficacia, razón por la cual el año 2001 fue creada la Defensoría Penal Pública, servicio público, descentralizado funcionalmente y desconcentrado territorialmente, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.