Amnistía para fuerzas de seguridad
Senadores proponen amnistía para Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública por hechos del estallido social
Proyecto de ley busca eximir de responsabilidad penal y civil a miembros de las instituciones armadas y policiales por acciones durante las protestas de 2019-2021. Incluye a condenados, procesados e investigados. Persigue equilibrar el tratamiento jurídico y promover la reconciliación social.

La moción, patrocinada por los senadores Castro, Kusanovic, Kuschel, Prohens y Pugh, propone conceder amnistía y declarar exentos de responsabilidad civil a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública por hechos delictivos ocurridos durante el denominado estallido social.
Fundan la iniciativa en la crisis institucional que vivió Chile en octubre de 2019, cuando junto a manifestaciones pacíficas con demandas legítimas se produjeron incendios, saqueos, desórdenes públicos y agresiones que afectaron tanto a bienes públicos y privados como a personas. En respuesta, el Estado movilizó a las fuerzas de orden y seguridad para garantizar la seguridad ciudadana y resguardar el orden público, cumpliendo con su deber constitucional. No obstante, estas acciones han sido objeto de investigaciones y procesos penales en curso, mientras que otros actores condenados han recibido indultos o beneficios similares. Aclaran que la amnistía es una figura jurídica de carácter legislativo que extingue la responsabilidad penal, de carácter general, objetivo y abstracto, y que históricamente se han concedido amnistías en nuestro país en contextos de conflicto o crisis política para procurar la estabilidad y la reconciliación nacional.
Plantean que el proyecto de ley propone una amnistía general para todos los miembros de las fuerzas de orden y seguridad, incluyendo Carabineros, Policía de Investigaciones y Fuerzas Armadas, que hayan sido condenados, procesados o estén siendo investigados por delitos cometidos entre el 18 de octubre de 2019 y el 1 de enero de 2021. Su objetivo es ofrecer un tratamiento equivalente a quienes desempeñaron funciones públicas en el restablecimiento del orden, evitando un enfoque punitivo selectivo y promover la pacificación social y el cierre jurídico y político de un periodo conflictivo en la historia reciente del país.




