Con votos en contra.
Tribunal Constitucional omitió pronunciarse en control preventivo y obligatorio de constitucional sobre las modificaciones que se introducen a la Ley General de Educación.
Únicamente inciden en la ley orgánica constitucional (art. 19 N° 11, inciso quinto), lo referido a los requisitos mínimos de los niveles de la enseñanza básica y media, a las normas objetivas y de general aplicación que permiten al Estado asegurar su cumplimiento, junto a los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel.
La Magistratura Constitucional no emitió pronunciamiento, en examen preventivo de constitucionalidad, respecto de las normas contenidas en el Proyecto de Ley que modifica y complementa las nomas que indica respecto del sistema educativo, que modifica el DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370 con las normas no derogadas del DFL Nº 1, de 2005, por no regular materias que el constituyente haya reservado a la regulación de una la ley orgánica constitucional.
Las disposiciones sometidas al examen preventivo de constitucionalidad forman parte de un proyecto de ley que, conforme lo dispone el título de su párrafo 1, regula el traspaso del Servicio Educacional a los Servicios Locales de Educación Pública, los cuales entraron en funcionamiento durante el año 2022, conforme las pertinentes disposiciones de la Ley Nº 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública.
En el artículo 13 del precitado DFL Nº2, de 2009, del Ministerio de Educación, que establece la Ley General de Educación, se intercalan los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:
Te puede interesar
Aporte académico al proceso constituyente.
Profesor de la USACH e investigador del CECOCH, Luis Acevedo Espínola, publica una propuesta constitucional para Chile.
Cámara de Diputados.
Ley de autismo: Protección e integración para personas con trastorno del espectro autista.
Remitido a la presidencia de la Comisión de Seguridad Pública del Senado.
Corte Suprema emite informe sobre proyecto de ley que busca actualizar la persecución del crimen organizado.
