Del perdón al reconocimiento.

La tragedia vivida por la familia Luchsinger Mackay ha puesto nuevamente en discusión pública las relaciones entre el Estado chileno y sus pueblos indígenas. En esta parte del mundo no resulta fácil observar temas así. Y cuando todo constantemente está dependiendo de una desgracia en especial o de un conflicto silenciado que estalla de pronto, la escena se enrarece y un sopor indomable comienza a tomarse un ambiente que termina siempre marcando los mismos pasos para este país: una historia mal contada que cobra la vida de inocentes y el infaltable oportunismo de mirar la realidad con el cristal que más conviene.

Con todo, hablar una vez más de reconocimiento –o para ser estrictos: de constitucionalización indígena– y particularmente de perdón, parece apuntar en la dirección correcta.

El perdón histórico del Estado por los atropellos inferidos a pueblos indígenas es una de las alternativas que en el derecho comparado se ha utilizado para iniciar un diálogo o interceder en un debate constitucional. Durante febrero del año 2008 el ex Primer Ministro de Australia, Kevin Rudd[1], mediante un discurso transmitido a todo el país, y que virtualmente lo paralizó, el Estado Australiano pidió perdón a sus aborígenes por las vejaciones inferidas, en especial a todos aquellos que formaron parte de la denominada “generación robada” que, entre los años 1910 y 1970, fueron separados a la fuerza de sus familias para entregarlos a una institución religiosa o simplemente en adopción.