Impuesto a los más ricos: una vulneración a nuestro ordenamiento tributario.

La actual discusión parlamentaria que se vivirá en las próximas semanas con el proyecto de reforma constitucional para establecer un denominado impuesto a los “Súper Ricos”, se presenta a través de un artículo transitorio a la Constitución Política de la República, reconociendo así no tener facultades para presentarla como ley e intentando repetir el resquicio legal recientemente aprobado con motivo del retiro del 10% de los fondos de pensión.

En Chile, los impuestos solo se pueden establecer a través de un proyecto de ley- mensaje- impulsado únicamente desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, su tramitación debe iniciarse en la cámara de Diputados para luego concluir en el Senado como cámara revisora: estos son el principio de Legalidad Tributaria y la Iniciativa exclusiva del Presidente; por lo tanto, el proyecto vulnera de forma manifiesta y evidente estos dos principios fundamentales de nuestro ordenamiento tributario.

Adicionalmente, deben establecer de forma inequívoca y suficiente los elementos esenciales del tributo: el hecho gravado o la situación que detona el nacimiento de la obligación tributaria; la base imponible (realidad cuantificable del impuesto) y la tasa: en el proyecto se igualan los dos primeros al establecer el “patrimonio bruto», es decir, activo sin considerar pasivos o deudas, al 31 de diciembre de 2019; y fija una tasa de 2,5% respecto de las declaraciones voluntarias, considerando que las personas no están obligadas a llevar contabilidad completa y a la enorme dificultad para fiscalizar, a pagar en un plazo risible.