Nueva Constitución: ¿Derechos o políticas públicas?

Varios de los detractores de la propuesta de nueva constitución, que será sometida a plebiscito el 17 de diciembre, critican que ella contiene una constitucionalización de políticas públicas y que, por ello, no debiera ser aprobada, pues limita el margen para la deliberación democrática y el actuar de la política.

Sin embargo, no advierten -o no quieren advertir- que las constituciones como las concebimos en Chile no sólo dividen las funciones del poder estatal en órganos independientes y reconocen una serie de derechos fundamentales de las personas. Forma parte, también, de las funciones de una constitución el establecer mecanismos de protección de los derechos fundamentales ante acciones u omisiones que importen privaciones, perturbaciones o amenazas por parte del poder político, como el Recurso de Protección que es, justamente, un mecanismo de protección de los derechos en sede judicial.

Si bien existen otros métodos para garantizar el respeto y protección de los derechos fundamentales, la historia del país nos demuestra que la sola política no es suficiente para garantizar estos derechos, y que una excesiva confianza en los tribunales de justicia acaba por crear dos clases de ciudadanos: quienes se pueden permitir la garantía de sus derechos por medio de abogados en tribunales y quienes no lo pueden hacer, quedando éstos, en consecuencia, privados del legítimo ejercicio de sus garantías fundamentales.