Propiedad, autoridad y neutralización de lo político en el proyecto de ley Hinzpeter.

Los promotores y defensores del proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público (conocido popularmente como ley Hinzpeter) justifican la necesidad de éste, básicamente, sobre la base de tres fundamentos, a saber: protección del derecho de propiedad, incremento de la autoridad y el fortalecimiento de la “paz pública”.

En lo que sigue, intentaré mostrar algunos inconvenientes que presentan los dos primeros fundamentos. Al tercero no me referiré pues está implícita y conceptualmente inmerso en la idea de reforzamiento del orden público, por ende, no es otra cosa que una estrategia retórica que pretende justificar el incremento de la autoridad.

En lo que concierne al primer fundamento, quienes abogan por la implementación de este proyecto de ley aducen que el ejercicio del derecho a la protesta social genera “daños colaterales”. A juicio de estos, las manifestaciones públicas, de modo indirecto, afectarían “derechos fundamentales en materia de movilización, emprendimiento, trabajo y propiedad de pequeños comerciantes, locatarios y dueños de inmuebles”.