Reforma notarial: no por culpa de uno, caen todos.

Un antiguo adagio dice que “por culpa de uno, caen todos”, está de moda por estos días. Tratándose de aspectos éticos o morales, a las personas pareciera que les encanta exclamar ideas sin sentido y publicarlas en los medios y RR. SS., en contra (o a favor) de instituciones, con habida necesidad de ser tomados en cuenta, o de conseguir votos en el caso de quienes se dedican a la política y que redunda en la consabida costumbre de ‘no hacer el trabajo’, tal como la ciudadanía les ha mandatado.

Es muy común escuchar a quienes ejercen una potestad pública (que no necesariamente son ‘autoridades’ en el genuino sentido de la palabra), atacar a un sector o a otro en aras de impulsar modificaciones legales sistémicas que en nada ayudan a las personas que serán destinatarios finales de las mismas. Ello lo entendía muy bien don Alejandro Guzmán Brito (gran maestro del derecho que lamentablemente nos ha dejado por estos días). En efecto, en la década del ’70, don Alejandro se opuso a la reforma del Código Civil (una re-codificación de nuestras leyes civiles) impulsada por algunos iluminados de la época que hacían eco de un clamor popular inexistente; sosteniendo firmemente que las condiciones para una reforma de tal envergadura ‘no estaban dadas’. Esta expresión tan simple no es otra cosa que una respuesta cordial y educada dirigida gentilmente a quienes una y otra vez pretenden realizar cambios sistémicos al orden jurídico, obviando completamente la necesidad y fines legítimos de hacerlos. ¡El cambio por el cambio, no surte ningún cambio! (valga toda redundancia).

Dicho esto, les comento que hace pocos días atrás, y en el marco de la reforma al sistema notarial y registral que se discute en el parlamento (en el Senado, específicamente), el ministro de justicia y derechos humanos utilizó el brocardo de reducción al absurdo respecto del argumento de la Asociación de Notarios y Conservadores, en los siguientes términos: “Frente a esta demanda por cambios al sistema, la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros ha esgrimido una y otra vez el mismo argumento: el resguardo de la fe pública que los notarios realizan se pondría en riesgo de aprobarse un proyecto como el que actualmente duerme en el Senado. La evidencia debilita esa afirmación cuando se repiten los casos de irregularidades de distinto tipo en documentos que han sido supuestamente visados por algún notario”[1].