Tema
Regulación acuícola
La Contraloría concluyó que las competencias de DIRECTEMAR y del SAG son complementarias: mientras este último controla los aspectos sanitarios de los medicamentos veterinarios, la autoridad marítima puede evaluar sus riesgos ambientales y fijar condiciones para utilizarlos en aguas bajo su jurisdicción.
09 de agosto de 2026
Casación fondo rechazada
Valida la prevalencia del control de legalidad ejercido por la Contraloría frente a decisiones sectoriales en materia de uso de suelo, destacando su carácter vinculante para los órganos de la Administración y su incidencia en la resolución de controversias urbanísticas, incluso frente a pronunciamientos de autoridades técnicas como las Secretarías Regionales Ministeriales.
20 de abril de 2026
Acción protección rechazada
Reafirmó que la Inspección del Trabajo puede continuar fiscalizando e incluso sancionando infracciones laborales, aunque existan reclamaciones judiciales pendientes sobre multas anteriores, al tratarse de potestades expresamente conferidas por la ley.
07 de febrero de 2026
Dictamen
La legalidad del permiso otorgado por la Dirección de Obras Municipales se encuentra sometida al conocimiento de un tribunal, aunque precisó que las actas de observaciones de las DOM no pueden ser reclamadas ante las Seremi de Vivienda.
01 de enero de 2026
Alcance de competencias
El Tribunal desestimó la reclamación interpuesta contra el Ministerio del Medio Ambiente, al concluir que la respuesta entregada por dicha cartera sobre la Ley N° 21.100 no constituye un acto administrativo interpretativo ni genera efectos jurídicos obligatorios para terceros, validando así la inadmisibilidad de la solicitud de invalidación promovida por la empresa reclamante.
01 de enero de 2026
Domicilios digitales únicos
La implementación del sistema de Domicilios Digitales Únicos (DDU), según el artículo 46 de la Ley N° 19.880, ha sido distorsionada por una gestión administrativa que vulnera el principio constitucional de legalidad, al trasladar competencias exclusivas del Registro Civil al Ministerio de Hacienda sin fundamento legal expreso, generando inseguridad jurídica, tratamiento ilegítimo de datos personales y notificaciones electrónicas potencialmente nulas.
23 de septiembre de 2025