Acción de impugnación acogida.
Tribunal de Contratación Pública declara ilegal adjudicación por evaluación errónea y omisión en bases, al asignar productos ofertados por la actora a otro proveedor.
El principio de razonabilidad obliga a los órganos del Estado a que, en sus procedimientos de contratación, entreguen información coherente y no inductiva a error, como exigencia mínima de seriedad de estos procesos, de manera que los interesados puedan conocer con exactitud el objeto de la convocatoria.
08 de junio de 2025