Impugnan ante el TC normas que vulnerarían debido proceso penal y que incidirían en caso por malversación de caudales públicos contra ex Comandante en Jefe de Ejército.

Se solicitó declarar inaplicables, por inconstitucional, los artículos 205, y 352, del Código de Procedimiento Penal, 233 y 236, del Código Penal, y 2° de la Ley N° 19.863.

Las disposiciones impugnadas contenidas en el Código de Procedimiento Penal señalan, en síntesis, que, en etapa de sumario, siempre se puede volver a tomar declaraciones a los testigos, al inculpado o realizar careos entre ambos, tantas veces sea necesario, sea para profundizar o aclarar algún hecho de la causa.

Por otro lado, las normas cuestionadas contenidas en el Código Penal se refieren, en síntesis, a las penas a las que se somete un funcionario público que arbitrariamente diere a los caudales o efectos que administre una aplicación pública diferente de aquella a que estuvieren destinados. Por último, el artículo impugnado de la Ley N° 19.683 expone qué se entenderá por gastos reservados.