Normas de la Ley sobre Documentos electrónicos, Firma electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma, se impugnan ante el Tribunal Constitucional.

Se solicitó declarar inaplicable por inconstitucional la frase “Mediante resolución fundada de la Entidad Acreditadora se podrá dejar sin efecto la acreditación y cancelar la inscripción en el registro señalado en el artículo 18 por alguna de las siguientes causas: c) Incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones que establece esta ley y su reglamento”, y la oración “La resolución de la Corte de Apelaciones no será susceptible de recurso alguno”, contenidas en el artículo 19, inciso primero, e inciso segundo, respectivamente, de la Ley N°19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.

La gestión pendiente en que el requerimiento de inaplicabilidad incide, es una reclamación seguida ante la Corte de Apelaciones de Santiago, interpuesta en contra de una Resolución Ministerial Exenta dictada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo que rechazó la reclamación administrativa deducida por la requirente en contra de la decisión adoptada por la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, que desestimando los cargos de la empresa dispuso la cancelación de su inscripción como prestador acreditado de servicios de certificación de Firma Electrónica Avanzada.

El primero de los preceptos legales impugnados no cumpliría con el estándar de determinación del tipo infraccional y omitiría razonablemente graduar la sanción.