TC escuchó alegatos de admisibilidad en inaplicabilidades que impugnan normas que habrían excluido a jueces y fiscales de reajuste otorgado a trabajadores del sector público.

Ayer martes 2 de mayo el TC escuchó los alegatos de admisibilidad en requerimientos que impugnan los números 3º y 8º del artículo 1º de la Ley 20.975, que en noviembre del año 2016 otorgó un reajuste de remuneraciones del 3,2% a los Trabajadores del Sector Público.

Las gestiones invocadas inciden en recursos de protección tramitados ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Los requirentes sostienen que los números 3º y 8º del artículo 1 de la Ley 20.975 conculcarían el derecho a la igualdad ante la ley, por cuanto el legislador habría establecido diferencias arbitrarias al excluir a los jueces y fiscales del reajuste salarial del sector público, lo que conlleva una discriminación arbitraria al establecer un trato desigual carente de justificación objetiva y razonable, conculcando así los derechos de las personas que se encuentran en una misma situación jurídica.