No se vislumbra fundamento alguno que permita revestir de racionalidad a la pasividad del Ministerio Público, quien formalizó la investigación el día 3 de enero de 2017, en circunstancias que los antecedentes para ello ya se encontraban disponibles en el año 2014, esto es, cuando aún no transcurría el término de la prescripción de la acción penal.