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Seminario de justicia constitucional y acción de inaplicabilidad.

11 de mayo de 2022

Emilio Pfeffer, profesor de Derecho Constitucional y director de Diario Constitucional, afirma que «los textos constitucionales deben ser normas vivas que puedan ser susceptibles de exigibilidad material. El texto constitucional de 1980 a través de la acción protección se aproximó a la ciudadanía, que empezó a darse cuenta sobre la vulneración, y ésta permitió dar vida concreta a la norma jurídica y la reparación de los Derechos Fundamentales».

Añade que «la Convención Constitucional propone que el conocimiento de la acción de tutela (antigua acción de protección) sea conocida por la judicatura ordinaria. Cabe recalcar que la nueva acción de tutela no procede contra las resoluciones judiciales. Esta situación lejos de fortalecer la defensa de la persona frente al Estado o particulares, representaría una regresión en contra la supremacía constitucional. La nueva Corte Constitucional queda muy disminuida, por ejemplo, el control preventivo queda opacado».

Afirma además que «el nuevo control de inaplicabilidad debe hacerse en abstracto, por lo que ahora se configura como un control político por parte de la justicia constitucional, afectando la imparcialidad de esta última».

También el director de Diario Constitucional asegura que «la ciudadanía requiere acceso a la justicia, por lo que necesita un mecanismo eficaz de protección de sus derechos fundamentales. La norma aprobada por la Convención Constitucional en este sentido tiene un déficit, debido a que los jueces de inferior instancia, no tiene la experiencia suficiente, también debemos considerar el tiempo de tramitación de las causas en tribunales inferiores, que resulta ser significativamente superior a los tiempos de tramitación de los actuales recursos de protección por parte de las Cortes de Apelaciones».

José Miguel Aldunate, Director Ejecutivo del Observatorio Judicial, plantea dos consecuencias de la nueva acción de inaplicabilidad:

a) Al restringir la inaplicabilidad solamente al juez o jueza de la causa, produce un debilitamiento del principio de supremacía constitucional, volviendo a la situación anterior a la reforma del 2005, lo que la acción de tutela se constituiría como la única vía de control de constitucionalidad.

b) Los jueces sólo accionarían de inaplicabilidad por las causas más complejas, por lo que el control de constitucionalidad quedaría a la propia comunidad jurídica, esto no sería optimo. Lo mejor es que se mantenga la acción de inaplicabilidad, tal como la estableció el constituyente de 1980

José Ignacio Vásquez, ministro del TC,  señala que «el sistema de justicia constitucional no tan sólo debe comprender la acción de inaplicabilidad interpuesta por el juez o jueza de la causa, sino que también la incorporación de las partes del proceso resulta fundamental. La experiencia pasada indica que el conocimiento de la acción de inaplicabilidad por la Corte Suprema no resultó ser satisfactorio, debido a los marcados criterios legalistas sostenidos por ésta».

 

 

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