Cámara de Diputados aprobó proyecto de reforma constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política.

La iniciativa agrega en el artículo 8°, al que la reforma de 2005 incorporó -los principios de probidad y de publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado- un nuevo inciso tercero, para establecer que el Presidente de la República y otras autoridades que una ley orgánica constitucional señalará estarán obligados a declarar sus intereses y patrimonio en forma pública y, además, cuando aquella ley así lo exija, deberán encomendar también la administración de sus bienes y obligaciones a terceros, en las condiciones y plazos que esa legislación tendrá que regular. Se establece así, en Carta Fundamental, la institución del fideicomiso ciego que se orienta en la idea de concretar el valor constitucional de la transparencia y también para prevenir conflictos de interés.

El acceso público a la declaración de patrimonio había sido restringido por el TC, cuando ejerció el control preventivo de la Ley Nº 20.088 que impuso esa obligación, oportunidad en que precisó, en sentencia Rol Nº 460, que el acceso a la publicidad quedaba condicionado a que los terceros invocaran finalidades legítimas, por ello se justifica la enmienda constitucional.

El proyecto modifica luego el artículo 18 de la Carta Fundamental, cuyo inciso primero sienta las bases del sistema electoral publico, desarrollado actualmente en dos leyes orgánicas constitucionales (Inscripciones Electorales y Servicio Electoral del Estado y de Votaciones Populares y Escrutinios), a fin de imponer constitucionalmente la obligación de que esa legislación regule un sistema de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral, lo que ya fue cumplido por la Ley Nº 19.884 que se encuentra en proceso de modificación.