TC rechaza inaplicabilidad de empresa sanitaria que impugnaba artículo 42 del D.L. Nº 3063, sobre rentas municipales, que faculta a municipalidades para establecer cobro de derechos por servicios, concesiones o permisos.

La requirente señala que debió realizar múltiples trabajos sanitarios que son los que originan los cobros que la Municipalidad le formula y que ésta fijó en una Ordenanza Municipal que dictó al amparo del precepto legal que impugna.

De ese modo, al facultarse a las municipalidades para establecer derechos por medio de ordenanzas locales, sin señalar sus características, condiciones, montos, forma de cálculo y demás modalidades que deben observarse para su establecimiento, el precepto objetado autoriza imponer una especie de tributo, en circunstancia que la Constitución reserva esa materia exclusivamente a una ley de iniciativa exclusiva del Presidente de la República que debe tener su origen en la Cámara de Diputados (arts. 19 Nº 20, 63 Nºs 2 y 14, 65 Nº 1º incisos 2º y 4º).

Los Ministros Colombo, Bertelsen, Vodanovic, Correa y Fernández Fredes rechazan el requerimiento, al estimar que los derechos son una especie de ingresos públicos que se diferencian conceptual y normativamente de la noción de tributos; que son prestaciones pecuniarias exigidas del administrado para contribuir a solventar, siquiera parcialmente, el costo que para la Administración Pública representa la prestación de un servicio que le proporciona al erogante; que no son una especie del género tributos, sino una categoría diferenciada de ingresos públicos, por lo que el artículo impugnado, al autorizar a las municipalidades para establecerlos y fijar tasas por medio de ordenanzas locales no infringe el principio de reserva legal de los tributos contemplado en la Constitución.