TC declara inadmisible requerimiento no cumplir con exigencia de contener una impugnación razonablemente fundada. Plantea una cuestión de interpretación legal que escapa a sus atribuciones.

Se solicitó declarar inaplicable los artículos 23 y 24 del Decreto Ley Nº 3.063, que establece normas sobre rentas municipales, con incidencia en un reclamo de ilegalidad radicado ante la Corte Suprema en sede de un recurso de casación en el fondo.

El TC resolvió que la presentación no cumple con la exigencia de contener una impugnación razonablemente fundada. En primer lugar, porque el conflicto que se intenta someter a su conocimiento y resolución está referido a la necesidad que le asiste a la requirente de desentrañar el verdadero sentido y alcance de las expresiones “actividad primaria, secundaria y terciaria” a que aluden los preceptos legales impugnados, que serían aquellos que han fundado la decisión adoptada por el respectivo Municipio en orden a considerarla como sujeto obligado al pago de la patente correspondiente. Es decir, a través de la acción deducida se plantea una cuestión de interpretación legal que no queda comprendida dentro de las atribuciones del Tribunal. Luego, porque el requerimiento incurre en contradicción al argumentar acerca de la eventual vulneración del principio de reserva legal en materia tributaria, pues, por una parte, se denuncia que los preceptos impugnados no definirían el hecho gravado con la patente municipal del modo exigido por la Constitución, mientras por otra se aduce que la sociedad anónima requirente ha sido considerada como sujeto del mencionado tributo sin que se hayan respetado los límites que estableció el legislador –en los mismos preceptos- al definir, precisamente, el hecho gravado.

El Ministro Fernández Baeza estuvo por acoger la solicitud de suspensión del procedimiento y por declarar la admisibilidad de la acción, pues ella satisface los requisitos que para tal efecto dispone la Constitución.