La Cámara de Diputados sometió al control obligatorio del TC una norma contenida en el proyecto de ley que otorga un bono extraordinario para los sectores de menores ingresos e introduce modificaciones en la Ley Nº 20.259, que establece una rebaja transitoria al impuesto a las gasolinas automotrices, a fin de que se pronuncie sobre su constitucionalidad.
La disposición sujeta al examen dispone que las controversias que se susciten con ocasión del incumplimiento de las obligaciones alimenticias serán conocidas por los Tribunales de Familia, los que podrán exigir la entrega del monto total del bono, reajustado de conformidad al IPC.
El TC resolvió que el citado precepto legal forma parte de la ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia (art. 77), pues otorga una nueva atribución a los Tribunales de Familia.
Luego de verificar que fue aprobada con la mayoría de los cuatro séptimos de los diputados y senadores en ejercicio, que no se suscitó sobre ella cuestión de constitucionalidad y que se cumplió con el trámite de oír previamente a la Corte Suprema, declaró que no es contraria a la Constitución.

Vea texto íntegro de la sentencia.