TC declaró inaplicable norma del Código Sanitario que faculta a la autoridad administrativa para solicitarle al Intendente que decrete la prisión en caso que no se paguen multas cursadas por autoridad sanitaria.

La cuestión se origina por que el Instituto de Salud Pública cursó multas a ejecutivos de un laboratorio que fueron impugnadas conforme al procedimiento que regula el Código Sanitario ante el juez ordinario, pero no obstante encontrarse pendientes de decisión tales reclamaciones en sede judicial, la autoridad sanitaria procedió a despachar oficios a la Intendencia de Santiago solicitándole decrete la prisión de los sancionados en atención a que no habían pagado las multas, lo que aquella dispuso al amparo de la autorización que le concede el artículo 169 de Código Sanitario.

La gestión pendiente invocada está constituida por un recurso de amparo preventivo sustanciado ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Los requirentes aducen que el precepto legal impugnado autoriza la imposición de un apremio ilegitimo; vulnera el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual al configurar una especie de prisión por deudas, lo que además de contravenir la Constitución desconoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otras vulneraciones a la Carta Fundamental que denuncian.