Una empresa eléctrica reclamó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por una multa que le fue impuesta después de dos años y nueve meses desde que en el proceso administrativo sancionador aquella formulara sus descargos.

El reclamo fue desestimado por el Tribunal de Alzada de Valparaíso, pero la Corte Suprema revocó tal decisión.

El fallo tiene presente que el plazo que tardó la Superintendencia recurrida para ejercer la potestad sancionatoria “excede todo límite de razonabilidad” y contraria “diversos principios del derecho administrativo obligatorios para la Administración”, como son “el principio del debido proceso, pues resulta indudable que para que exista un procedimiento racional y justo la sentencia debe ser oportuna”; y los “principios de eficacia, eficiencia, celeridad y inexcusabilidad”.

Añade que el efecto jurídico que se deriva de tal situación es el “decaimiento del procedimiento administrativo sancionatorio”, que ha sido definido como “la extinción de un acto administrativo provocada por circunstancias sobrevinientes de hecho o de derecho, que afectan su contenido jurídico tornándolo inútil o abiertamente ilegítimo”; y que el “elemento de hecho sobreviniente” en este caso es “el tiempo excesivo transcurrido para la declaración de responsabilidad de la empresa”, lo que “ha afectado el contenido jurídico del procedimiento administrativo transformándolo abiertamente en ilegítimo”, por lo que el máximo Tribunal concluye que el reclamo debe acogerse.