Comisión de Constitución del Senado estudia propuesta para regular los términos en que se debe consultar a los pueblos originarios cuando sea necesaria su intervención en la tramitación de proyectos de ley.

El Convenio 169 de la OIT dispone que para la aplicación del mismo los gobiernos deberán consultar “a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Los términos en que se debe proceder a la consulta a los pueblos originarios en el marco de la tramitación de los proyectos de ley ha generado una serie de discrepancias a nivel legislativo.

La controversia, incluso, ha llegado a la Corte Suprema, la que en sede de recursos de protección ha debido pronunciarse acerca del proceso de consulta que prevé el citado Convenio y sus efectos, puntualizando que este tiene por finalidad arribar a un acuerdo acerca de las medidas propuestas, pero que jamás dicha forma de participación podría constituirse en una consulta popular vinculante ni afectar las atribuciones privativas de las autoridades que la Carta Fundamental determina.