Proyecto de ley prohíbe a las instituciones de educación superior inhibir la rendición de exámenes por razones económicas.

La moción de los senadores Chahuán, Horvath y Prokurica, expone que uno de los deberes del Estado es “asegurar el acceso a instituciones de educación superior en igualdad de condiciones”; que “en los últimos años han aumentado considerablemente los porcentajes de matrícula de los estudiantes de los quintiles I y II de ingreso más bajos” de la sociedad; y que no obstante ello, se mantienen “fuertes diferencias en la calidad de instituciones a la que éstos acceden”.

También refieren que una de las causas de “la deserción de estudiantes en las universidades son los problemas económicos del grupo familiar del estudiante”; en especial, aquellos alumnos de “universidades privadas”, quienes se encuentran “más expuestos a la deserción, ya que enfrentan aranceles más altos, en general, y disponen de menor acceso a becas y crédito”.

Con el fin de prevenir prácticas que, afirman, contribuyen a la “deserción de la educación superior”, proponen prohibir “a los Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica y Universidades, el inhabilitar a sus estudiantes para rendir pruebas o exámenes por no haber cancelado el arancel mensual establecido al momento de matricularse”.