Un particular dedujo recurso de protección en contra de “DICOM EQUIFAX” para que se deje sin efecto la emisión de informes a su respecto que contengan el denominado “predictor de riesgo”, ya que éste último –afirma- construye un juicio de valor sin ningún antecedente objetivo, lo que le causa menoscabo discriminándolo frente al sistema financiero y comercial con apreciaciones arbitrarias al calificarlo como “un sujeto de riesgo”.
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la acción constitucional y determinó que el referido indicador viola la igualdad ante la ley, la protección y respeto a la vida privada, entre otras garantías constitucionales, y el Pacto de San José de Costa Rica, por cuanto “priva o dificulta de modo importante” el derecho constitucional de “optar a créditos en el sistema financiero y comercial para adquirir bienes y servicios, situación que no puede ser vulnerada merced un acto arbitrario carente de fundamentación objetiva y legal”. También señala que al calificarse a un sujeto de “riesgoso para ser titular de créditos con la banca y el comercio establecido” se lo desprestigia “sin fundamentos objetivos” afectando su “buen nombre e imagen”.
Finalmente, la sentencia deja constancia “que resultan tan obvias las ilegalidades y arbitrariedades que comete la recurrida con la elaboración y puesta a disposición del público del denominado “predictor de riesgo” que a tal práctica se le debiese poner fin, para evitar “llegar a dañar injustamente el crédito y la imagen de las personas, sin que exista autorización legal que lo permita, ni razones objetivas que lo avalen”.

Vea texto íntegro de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago Rol N°3937-2010