En días pasados se desarrolló el taller «Criterios de Acción en Ética y Transparencia Parlamentaria», jornada que se enmarca en los desafíos que debe asumir la Comisión de Ética y Transparencia del Senado para dar cumplimiento a las mayores exigencias que le ha asignado la Ley Orgánica del Congreso Nacional.
En la ocasión, el presidente de la Comisión de Ética y Transparencia y del Grupo Parlamentario transversal constituido para los mismos fines, senador Hernán Larraín, señaló que «la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y la propia existencia y dinámica de las Comisiones de Ética y Transparencia de ambas ramas legislativas nos lleva a asumir que hoy existe una mayor demanda ciudadana por transparencia, por acceso a la información y también por conductas éticas que sean aceptadas y valoradas por la ciudadanía», tanto más, advirtió, si «el nivel de desprestigio de la acción legislativa y política en general son un llamado de atención a cerrar los vacíos existentes y buscar respuestas que permitan mayor claridad sobre lo que somos y hacemos», siendo necesario “dar los pasos que correspondan para asegurar una definición de cómo entendemos la probidad», lo que se podría traducir “probablemente en Códigos de Conductas Parlamentarias que si bien no sean exhaustivos nos ayuden a tener pautas de comportamiento parlamentario».
Precisó que se requiere “mayor efectividad en la transparencia activa, es decir, en la entrega de información que pueda ser necesaria para la ciudadanía y ser más claros con los procedimientos de la demanda de información».
Otro de los temas tratados por la Comisión de Ética y Transparencia es que se aclare la interacción que sostendrá con el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y el Comité de Auditoría Parlamentaria, en el sentido de conocer reparos u objeciones no corregidos o para solicitar el examen de la forma del uso de los fondos destinados a financiar el ejercicio de la función parlamentaria.
La senadora Soledad Alvear explicó que «queremos llegar a un código de conducta y ética en el Parlamento y, para ello, tenemos que delimitar funciones con este Consejo Resolutivo que se ha creado y que tiene por finalidad fijar las asignaciones parlamentarias, de modo de poder velar porque esas asignaciones hayan sido ocupadas para los fines determinados». 

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