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Reforma constitucional.

Parlamentarios anuncian la presentación de mociones a fin modificar la fecha de la cuenta presidencial.

“la Cuenta Pública era el 4 de julio, pero en la nueva Carta Fundamental no se incluyó. Recién en 2005 se modificó y se incluyó en la Constitución, pero en la práctica no habría problemas para modificar la fecha”.

25 de mayo de 2011

La reforma constitucional del año 2005 estableció, como fecha específica, puesto que el texto primitivo de la Carta de 1980 no lo señalaba, el día 21 de mayo de cada año para que el Presidente de la República rinda cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno. Pero luego de los desmanes del pasado 21 de mayo, diputados y senadores han anunciado que presentaran una reforma constitucional a fin de modificar la fecha en que el Primer Mandatario deberá cumplir con su obligación constitucional.
El senador Carlos Cantero plantea que la ceremonia se traslade al día 4 de julio, porque “no se puede seguir mezclando la conmemoración nacional del 21 de Mayo, fiesta histórica que debe unir a los chilenos, limitándola a los tiempos y clima político del país”, y propone que la rendición de cuentas se realice el día del Congreso Nacional, que es la fecha en la cual se realizó la primera sesión del Parlamento en 1811.
A la misma fecha proponen trasladarla los diputados Cristi y Eluchans, para evitar “que el merecido homenaje al capitán Arturo Prat y a la Armada de Chile sea relegado a segundo plano”, al igual que el diputado Letelier, quien precisó que “no presenta ningún impedimento legal ni constitucional”, pues antes “la Cuenta Pública era el 4 de julio, pero en la nueva Carta Fundamental no se incluyó. Recién en 2005 se modificó y se incluyó en la Constitución, pero en la práctica no habría problemas para modificar la fecha”.
Por su parte, el senador Muñoz anunció que ingresará a trámite legislativo una enmienda que reemplace la cuenta anual por una comparecencia del Presidente de la República ante el Congreso Nacional, de modo que tras su intervención los parlamentarios puedan expresar su opinión o replicar los dichos aquél, de manera que se genere “un legítimo diálogo democrático” y evitar que los “legisladores deban expresarse con carteles o que la ciudadanía lo haga desde las tribunas”.

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