La Carta Fundamental establece como atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, la fiscalización de los actos del Gobierno; esta atribución puede ser ejercida mediante la adopción de acuerdos o la sugerencia de observaciones; la interpelación a los ministros de Estado; y finalmente, mediante la creación de comisiones especiales investigadoras con el objeto de reunir información relativa a determinados actos del Gobierno. Este rol fiscalizador se le prohíbe expresamente al Senado.
En virtud de tales disposiciones constitucionales, el Diputado Jorge Burgos, solicitó a la mesa de la Cámara baja que se oficie al Senado manifestando el malestar y preocupación de la Cámara “frente a acciones inapropiadas e inconstitucionales de algunos senadores”, dado que algunos de ellos estarían realizando una labor fiscalizadora referida al caso de la empresa La Polar, mediante la citación de algunas autoridades, “en circunstancias que es la Cámara la que, tal como señala la Constitución, la que tiene esta facultad”, y además, precisó, que “ya ha comenzado a funcionar una Comisión investigadora en esta materia”.

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