En días pasados fue publicada la reforma constitucional que establece la obligación de otorgar defensa penal y asesoría jurídica a las personas naturales que han sido víctimas de delitos y que no pueden procurárselas por sí misma.
La enmienda constitucional incorporó en el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, que trata de “De los Derechos y Deberes Constitucionales”, la siguiente oración en el párrafo tercero: “La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes”. Además, garantiza que “Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley”.
En esta línea de ideas, el Instituto Libertad y Desarrollo propuso la creación de un “voucher” o subsidio, el cual tiene por objeto costear los gastos de defensa jurídica de personas de escasos recursos, abriendo un abanico de posibilidades para mejorar en términos reales la defensa de los derechos de las personas, en todos los ámbitos (civiles, laborales, etc).
Mediante este sistema, el Estado, una vez verificado acuciosamente el estado de necesidad del solicitante, le entrega un voucher que pueda utilizar a cambio de un servicio de asesoría o defensa jurídica que le preste un abogado que se encuentre registrado en una lista de abogados interesados en otorgar el servicio y que cumplan los requisitos exigidos para dichos efectos.
El sistema ofrecería variadas garantías, entre ellas: el Estado podrá saber el costo de defender a las personas; el solicitante podrá optar al abogado que consideren más apto para defender sus derechos, lo que generaría transparencia y terminaría con la desigualdad, ya que las personas de escasos recursos podrán acceder a abogados que antes no podían.
Finalmente el estudio expone que los vouchers o subvención tendrían un componente importante de justicia social, ya que permitirían a los pobres acceder a abogados que antes no podían. Se trata entonces de levantar barreras que impiden en la actualidad a los más pobres acceder a una defensa jurídica de calidad, sin caer en la tentación burocrática de creer que el Estado puede solucionarlo todo.
Vea texto íntegro del estudio.
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