Los senadores Andrés Chadwick y Pablo Longueira, luego de su nombramiento como Ministros de Estado, cesaron en sus funciones legislativas por la incompatibilidad que la Constitución establece entre los cargos de diputados y senadores con “todo empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza”.
Ésta no es la primera vez que parlamentarios han cesado en su cargo para asumir como Secretarios de Estado, recordando los casos de Andrés Allamand, Evelyn Matthei y Carolina Tohá.
El tema no ha estado exento de polémica e incluso el TC ante las dudas de constitucionalidad sobre el nombramiento como Ministro de Estado de un parlamentario, declaró -en el caso que solicitaba declarar la inhabilidad constitucional de la diputada Tohá para ejercer el cargo de Secretaria General de Gobierno- que la Constitución no prohíbe que un parlamentario sea nombrado como Ministro de Estado, sino sólo que una vez nombrado mantenga ambos cargos (ROL 1357).
Ahora bien, con el nuevo nombramiento de senadores como secretarios de Estado ha resurgido el debate en torno al sistema de reemplazo vigente establecido en el artículo 51 de Carta Fundamental, el cual dispone que “las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido”.
En esta línea de ideas, el Instituto Libertad y Desarrollo propuso un sistema de reemplazo en que sean los propios candidatos los que, al momento de inscribir su candidatura, deban señalar un sustituto o reemplazante, para el caso que ellos estén impedidos de ejercer el cargo en caso de muerte natural o presunta del parlamentario o enfermedad grave sobreviniente que lo habilite para renunciar. Sólo en caso que este sustituto faltare –por las mismas causales señaladas- podrá el partido del candidato designar al reemplazante.
La propuesta estima, que el sistema “no sólo sería más transparente con la ciudadanía –la que al momento de votar sabría con total certeza quién será el eventual reemplazante de su candidato- sino que es más respetuosa de su voluntad democrática”.
La idea de L&D se asemeja bastante a un proyecto de reforma constitucional -ingresado a trámite en septiembre del año 2008-, iniciado por moción de los senadores Carlos Bianchi, Mariano Ruiz-Esquide y del ex-senador Guillermo Vásquez, quienes propusieron que las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que se haya señalado como eventual suplente en la cédula electoral respectiva, nominación que será esencial para la inscripción del candidato titular.
La moción, añade, que en el evento de que el suplente no pudiere asumir el cargo, la designación del reemplazante se hará por el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido.
Asimismo, el proyecto de reforma constitucional establece que para el caso que no pudiere asumir el cargo el suplente de un parlamentario electo como independiente, éste será sustituido de pleno derecho y en el mismo orden correlativo, por una de las personas incluidas en una terna propuesta por el mismo parlamentario al momento de inscribir su candidatura.
Vea texto íntegro de la propuesta del Instituto Libertad y Desarrollo.
Vea texto íntegro de la moción de los senadores Bianchi, Ruiz-Esquide y del ex-senador Vásquez
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